Las criticas vertidas por la Unión de Guardias Civiles en Pontevedra contra la Policía Nacional en relación con la custodia judicial de detenidos tuvieron ayer respuesta desde el principal sindicato policial. El SUP asume la realidad de la instrucción que recoge que la custodia de detenidos en sedes judiciales debe correr a cargo del cuerpo que tenga competencia en la localidad, de tal modo que debería ser el Cuerpo Nacional de Policía quien debería asumir esta labor en Pontevedra, Marín y Vilagarcía.
No obstante, advierte de que, con la plantilla actual, asumir este trabajo conllevaría que «las dotaciones se vieran drásticamente reducidas» y, «de hecho, habría días donde literalmente no habría servicio de seguridad ciudadana».
El Sindicato Unificado de Policía, a través de su portavoz Marcos Castro, precisó que esta tesis es compartida por la Subdelegación del Gobierno. Precisó, en este sentido, que desde esta Administración se «decidió no hacer cambios con el único objetivo de aprovechar de manera racional los efectivos de ambos cuerpos para ofrecer el mejor servicio público posible».
Y es que, tal y como matiza este sindicato, el que «los máximos responsables de la seguridad pública cerraran los ojos ante la realidad de los hechos sí que sería hacer dejación de su principal función constitucional: proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar su seguridad».
Posibles soluciones
En todo caso, y si se insiste en hacer cumplir esta instrucción en las comisarías de Pontevedra, Marín y Vilagarcía, el SUP considera que debería optarse por dos alternativas. O bien por incrementar las plantillas con «el mismo número de efectivos de que dispone la Guardia Civil exclusivamente para este trabajo» o por una vía a medio camino entra la ironía y la solución salomónica: cuando los policías nacionales de servicio tengan que realizar custodias en los juzgados de estas tres localidades, los reemplacen guardias civiles, «cambiando el verde por el azul y dedicándose a labores de seguridad ciudadana en la ciudad». «Cualquier otra opción es poner los intereses corporativos de un cuerpo por encima de los intereses de los ciudadanos», concluyen desde el SUP.