La Guardia Civil investiga a un agente de O Rosal por posible desamparo a una víctima de violación

El supuesto agresor incumplió el alejamiento y la madre de la joven denunció al guardia que acudió "porque no hizo nada y dijo que en A Guarda no pueden cumplirse los 500 metros fijados por la juez"

victimaU. FOCES - VIGO
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la actuación del agente de una patrulla de O Rosal cuya presencia fue requerida ante el incumplimiento de una orden de alejamiento por el imputado en un presunto delito de violación en A Guarda.
La madre de la joven denunció en la Comandancia de Pontevedra el posible desamparo en el que quedó su hija cuando un agente que acudió a la llamada de auxilio de sus hijas y las amigas de éstas, les manifestó "que no podía hacer nada porque los 500 metros de alejamiento impuestos por la juez de Tui son imposibles de cumplir en un pueblo tan pequeño como A Guarda". Aseguró, siempre según la denunciante, que "la orden de alejamiento era mutua" (algo que no consta en el auto judicial) y que no sabía quién de los dos (si la presunta víctima o su supuesto agresor) llegó primero".
Esta actitud ha sorprendido tanto a la víctima como a su familia, que destacan que desde el primer momento en que fueron a denunciar se vieron apoyados por todos los agentes, incluido el denunciado que fue quien les instó a poner en conocimiento de la Justicia lo ocurrido. "No puedo más que agradecer lo que ha hecho por mí la Guardia Civil, especialmente Pilar, del equipo especializado Emume, no sé qué ha podido pasar ahora...", explica la víctima.
Los hechos, según la denuncia que también se presentó por quebrantamiento de la orden de alejamiento contra I.F.G., de 19 años, sucedieron el pasado 14 de agosto en la Alameda de A Guarda, justo al lado de la casa donde reside la víctima y en plenas fiestas, mientras que el presunto agresor vive en O Rosal.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Tui había dictado la víspera una orden por la que se prohibe a I.F.G. "acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la denunciante, lugar de trabajo o de ocio o cualquier lugar donde se encuentre, así como de comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación, escrito, verbal o visual".
La medida se adoptó tras la denuncia por violación, que habría tenido lugar el pasado 8 de agosto y se advertía, en el mismo auto, que en caso de incumplimiento podría dar lugar "a la adopción de nuevas medidas cautelares que impliquen una mayor limitación de su libertad personal". La juez rechazó la prisión provisional que pidió el abogado de la joven "porque las versiones de denunciante y denunciado son contradictorias y habrá que determinar la veracidad de las mismas".