La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la «desmotivación y el malestar» que se está sembrando en el interior del Instituto Armado como consecuencia del mal funcionamiento de la Institución y los claros síntomas de fallos de gestión política que existen, así como la falta de respuesta ministerial ante el problema. En este sentido, anunciaron a través de un comunicado que pedirán la comparecencia del Director General de la Policía y la Guardia Civil en el Congreso, por medio de los grupos parlamentarios.

La asociación considera que «no es de recibo» que Javier Velázquez, un «auténtico desconocido para los guardias civiles», se apresure a afimar que «la coordinación entre los cuerpos policiales estatales es absoluta» cuando, sin ir más lejos, «los indicios de descoordinación» en el dispositivo en el que murió recientemente el agente Miguel Jorge Piñeiro son evidentes. «Nuestros compañeros fueron a atender un servicio sin saber que una banda de atracadores estaba operando en la zona», expusieron en el comunicado. Sea por falta de coordinación entre ambos cuerpos o por fallos dentro del propio Insituto Armado, «las cosas no van bien» y prueba de ello es, tal y como denuncia la organización, la «bajada sin precedentes en las actuaciones policiales y tramitación de denuncias administrativas, que comenzó en la Agrupación de Tráfico y que se ha extendido como un reguero de pólvora por todas las unidades del Cuerpo».

En este caso, el malestar de muchos de los integrantes de la Benemérita viene de la muerte de su compañero fallecido y del dolor de su viuda y sus tres hijos, pero también del hecho de que todos los guardias civiles «saben que su familia podría estar ahora en esa situación límite porque, dadas las condiciones en que trabaja la Guardia Civil, esta tragedia le podía haber pasado a cualquiera de nosotros; esto es sólo la punta del iceberg porque ése es el día a día de un guardia civil».

En hilo de este argumento, los miembros de la asociación anunciaron que, además de personarse en la causa judicial abierta para preservar los intereses de la familia de Miguel Jorge Piñeiro, exigirán la necesaria investigación interna» que esclarezca las circunstancias que rodearon la operación para conocer si hubo o no descoordinación policial en lo relativo al atraco frustrado a una sucursal bancaria en Pontevedra que desembocó en un tiroteo que se saldó con la muerte del agente Piñeiro. «Llegaremos hasta el final de este asunto; con la debida prudencia pero, desde luego, la opacidad y excusa de la naturaleza militar del Cuerpo no van a serir para tapar negligencias injustificables. Si hay responsabilidades que depurar, las exigiremos; la crónica de este asesinato se va a escribir hasta el final.

En este sentido, denunciaron la necesidad de «implantar de una vez por todas la necesaria prevención de riesgos laborales en la Insitución, ya que la mayoría de los integrantes del Cuerpo ni siquiera tienen adjudicados un chaleco anti-balas que poder usar en estas situaciones extremas». Por todas estas tensiones acumuladas y por la certeza de que irán in crescendo, los guardias civiles organizarán el próximo día 18 de septiembre en Madrid una enorme concentración de protesta. Y es que los agentes no están solos en su causa, como así lo demuestran los mensajes de apoyo que reciben de la gente. La viuda de Piñeiro pedía durante el entierro «dotar un poco más de medios a la Guardia Civil, porque se lo merecen».