Desde Moncloa se había realizado una promesa: no se tocarían los pilares del Estado del bienestar. Sin embargo, la seguridad ha salido muy mal parada en los recortes del Gobierno central. Destaca el mordisco al empleo público que debía reforzar a la Benemérita y la Policía Nacional, junto a la reducción de fondos para su funcionamiento. El asesinato del guardiacivil Miguel Jorge Lorenzo Piñeiro devuelve a primer plano las carencias de medios y la desmotivación que sufren los más de ocho mil profesionales de las fuerzas del orden público que operan en tierras gallegas.
Para conocer sus problemas, este periódico consultó al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El secretario federal de AUGC en Galicia, Juan Manuel Oitavén Lago, confirma que "falta personal". La desmotivación, además, multiplica las bajas. Esta nefasta situación se acentuará, pues "con las 152 nuevas plazas de la oferta de empleo público no se cubren las más de 2.000 jubilaciones que se producen al año en toda España".
La menguante plantilla no es el único problema. Galicia cuenta con ciento cincuenta cuarteles de la Guardia Civil repartidos por toda su geografía, en los que prestan servicio cinco mil efectivos de la Benemérita, según datos aportados desde la Delegación del Gobierno. "Hay que reorganizar la distribución de estos puestos", señala Oitavén, pues se crearon en el siglo XX, cuando ni la red de comunicaciones ni la distribución poblacional se parecía en nada a la actual. La dispersión y atomización ya no son las claves. El responsable en Galicia de AUGC pone como ejemplo Pontevedra, de triste actualidad por el asesinato de su compañero. "En la provincia hay 34 cuarteles y sobran la mitad. Con 13 o 15 puestos situados en los lugares adecuados, dotados con personal suficiente, se podrían realizar dos o tres patrullas por turno". Esta mayor presencia permitiría "garantizar refuerzos en unos minutos y prestar un mejor y más rápido servicio al ciudadano".
La situación actual dista mucho de ser así. "Dos o tres cuarteles de una misma demarcación se turnan, y pocas veces hay más de una patrulla en las carreteras", señala Oitavén. Además, retrasa la cobertura de los compañeros ante incidentes. ¿A cuánto podía estar el apoyo de los agentes que acudieron al malogrado atraco a la oficina de Caixa Galicia en Caixa Galicia en A Cañiza? "La patrulla más cercana podía estar a 30 ó 40 kilómetros", señala. Demasiado lejos y, muchas veces, "han de cruzar media provincia".
Sin embargo, una menor burocracia, unida a la reorganización en menos cuarteles, grandes, centralizados y mejor ubicados, con más patrullas en la calle por cada uno "contribuiría, junto con una mayor dotación de medios, a que podamos prestar un servicio de calidad". A los alcaldes que se podrían ver afectados por la marcha de un cuartel, les explica que "un cuartel en su ayuntamiento no garantiza más seguridad, se equivocan, lo que sí funciona es poner más efectivos a la vez sobre el terreno. Otra gran carencia detectada es la falta de chalecos antibalas modernos: "Debería haber dos por cada coche", señala, pero no del vetusto modelo en uso, que "dificulta los movimientos". En el puesto del desaparecido Miguel Jorge Lorenzo había dos de estos últimos, "pero desconozco si los llevaban", sostiene Oitavén,
Empeoramiento poscrisis. José Freire, secretario general del SUP en Galicia, vaticina un oscuro futuro. "A nivel de recursos humanos, hoy el catálogo de puestos de trabajo, la tabla de gente con la que debe contar cada comisaría, está cubierto en un 95-96% en Galicia". Sin embargo, este avance peligra, pues "los recortes del Gobierno traen nubarrones". Se reduce de 5.400 a 369 la oferta para nuevos funcionarios. "De seguir esta progresión, con dos mil jubilados anuales, se echará por los suelos el esfuerzo realizado y descenderá con fuerza el número de efectivos en las calles".
Además, Freire advierte sobre una "burbuja de delincuencia" en gestación. "La situación irá a peor. Y yo viví la crisis de 1993, no fue tan fuerte como esta, y un año y medio o dos años después aumentó la conflictividad social, por las protestas laborales, y la delincuencia, pues la gente tiene que comer y alimentar a los suyos y, si no puede hacerlo de forma legal, lo hará por lo ilegal".
Enfrente estará una Policía que ya vio caer su presupuesto para material este año en 5 millones de euros. Ya hay "carencias de papel y de tóners para las impresoras", única vía que en plena era digital tienen para enviar las diligencias al juzgado, concluye Freire.
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'Bolis caídos' verdes y nulos cacheos azules
•Miembros de la Guardia Civil tomarán Madrid el día 18 de septiembre. Lo harán de forma pacífica en una manifestación que, tras la muerte de su compañero gallego, se prevé multitudinaria. Con ella quieren cambiar un cuerpo vital, pero anquilosado. Demandan la equiparación "de una vez" con la Policía Nacional en derechos y jornada, que hoy es de 22 horas más al mes y sin compensación de ningún tipo. No hay excusa, hasta tienen "el mismo jefe". De ahí nace la huelga de bolis caídos, que supuso la reducción en un 70% en Galicia del número de denuncias este verano.
•La Policía Nacional no está exenta de problemas. Acaba de sufrir el recorte laboral del 5% del salario y su plantilla también se desmotiva. Por eso ha reducido la actividad por iniciativa propia, sin mediar los sindicatos. Acude a todas las llamadas, sin descuidar nunca la protección de los ciudadanos, pero bajan "entre el 80 y el 90%" los cacheos e identificaciones aleatorias. Coincidiendo con la huelga general del 29 de septiembre, esta actividad proactiva será nula.