El conflicto entre la cúpula del Ministerio del Interior y la Guardia Civil por los recortes salariales y de material continúa elevando el tono. Ni siquiera las, en teoría, declaraciones conciliadoras del director general de Tráfico, Pere Navarro, tras el peor fin de semana de este año con 27 fallecidos en las carreteras españolas, consiguen calmar los ánimos. El principal sindicato de los agentes, la Asociación Unificada de Guardiaciviles (AUGC), hizo público un comunicado señalando que "el 75% de los radares están situados en tramos de baja accidentalidad".
Se refieren al total de España y, con los datos en la mano, parece que los agentes tienen razón. En el caso de Galicia la situación es, si cabe, más sangrante todavía. En nuestra comunidad el porcentaje de dispositivos de control de velocidad ubicados en zonas de alta siniestralidad se reduce hasta el 14,9%, muy lejos de ese 26,9% que se contabiliza en el resto de España, según sendos informes de Automovilistas Europeos Asociados y el RACE, partiendo de los datos que se pueden comprobar en la web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es).
Ahí aparece que en Galicia hay instalados 54 radares fijos y existen 67 puntos negros ("aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado tres o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre uno y otro de 100 metros", según Tráfico). Solo en diez de esos lugares (ver gráfico), y de acuerdo con los datos de la DGT, hay coincidencias, es decir, hay dispositivos de control de velocidad en zonas de alta siniestralidad. No tiene sentido alguno.
Por provincias es Pontevedra la peor parada: cuenta con 19 puntos negros y hay doce radares pero solo uno de ellos está en una zona peligrosa calificada como media-alta (entre los kilómetros 142.2 y 155.8): el radar está a la altura del kilómetro 146.933 de la N-550. Otra particularidad: siete de los doce controles de velocidad están en la autopista AP-9, en las autovías A-52 y A-55 y dos más en la llamada Vía Rápida del Salnés. En ninguna de estas carreteras hay puntos negros.
En A Coruña, con más radares que zonas peligrosas, 17 frente a 15, se dan cuatro coincidencias, dos en la N-634, uno en la N-550 y en la N-547. Aquí solo hay tres entre la autopista y la autovía Rías Altas a Madrid.
Lugo es la provincia que tiene mayor número de zonas peligrosas, 25, según la DGT. Allí se instalaron menos de la mitad de los radares, 12, con cuatro coincidencias en carreteras nacionales. Cinco de los dispositivos se encuentra por la autovía A-6 y solo dos en vías provinciales. En Lugo se puede ver un caso ilustrativo. Ocurre en la N-634 que tiene cinco tramos de media y alta peligrosidad y solo un radar instalado cuando ya se han pasado todos los puntos conflictivos.
La situación en Ourense mantiene la tónica: existen ocho puntos negros y 9 radares con una coincidencia, en el kilómetro 242 de la N-525. Seis de los nueve dispositivos de control de velocidad se encuentran en la Autovía Rías Baixas que no tiene ni una zona catalogada por la DGT como complicada.
Hay otras singularidades en el emplazamiento de los radares en nuestra comunidad. En la N-540, en Lugo, hay tres puntos negros, dos de ellos considerados de peligrosidad media-alta y el único radar en esta vía se encuentra en una zona no considerada como conflictiva por los propios técnicos de la DGT. En Ourense pasa algo parecido en la N-525 con zona de alta siniestralidad entre los puntos kilométricos 185,3 y 197,1 y 248,4 y 269,5 y el control de velocidad se sitúa en un punto intermedio entre ambos, en el 242,229 considerado de media peligrosidad.
Los agentes de la Guardia Civil insisten en que "si la política de la DGT es percibida por una gran parte de la ciudadanía como recaudatoria algo se está haciendo mal y no se rectifica", añadiendo que los datos anteriores, sobre radares y puntos negros, "son un ejemplo de las razones por las que los ciudadanos tienen este mal concepto de las políticas llevadas a cabo por Pere Navarro".
Conviene recordar que en el informe de Automovilistas Europeos Asociados se señala que "solo el 26,9% (el 14,9% en Galicia, se puede añadir) de los puntos de control de velocidad instalados cumple con el requisito de estar en un punto negro. El resto se han colocado en lugares con mínima o nula siniestralidad. Lo cual podría explicar el escaso éxito que han tenido los radares en la prevención de los accidentes en puntos negros".
LA SITUACIÓN EN EL RESTO DE ESPAÑA. En el estudio realizado por AEA se señala que solo Cantabria (87,5%), Canarias (68,7%), Baleares (75%) y Madrid (61,7% "cumplen con el umbral mínimo de coincidencia de situar al menos la mitad de los radares en un punto negro. Andalucía (41,9%) y Asturias (30%) al menos se acercan mientras que Comunidad Valenciana (16,6%), Galicia (14,9%), Murcia (12,5%), Castilla León (11,8%), Castilla La Mancha (10%) y Aragón (8,3%) se sitúan en una franja mínima que en el caso de La Rioja es sangrante: ningún radar está ubicado en zona de peligrosidad. Como suele pasar con las estadísticas de Tráfico no se incluyen datos de Cataluña, el País Vasco y Navarra por tener las competencias transferidad ni de Ceuta y Melilla por ser territorio urbano.
Otro aspecto que destacan los dos estudios citados es que el porcentaje de coincidencia se redujo en los últimos años.
Los agentes de Tráfico, no obstante, consideran que "todos (los radares) tienen su misión y, en todo caso, sirven como prevención y limitación de la velocidad. Desde el RACE, por contra, reclaman a la DGT que fije sus objetivos en reducir la siniestralidad en los puntos negros y no utilice los radares como simples elementos de prevención.
Ni una ni otra asociación quieren entrar a valorar las denuncias de los agentes ni la acusación de que entre los ciudadanos hay la conciencia de que los dispositivos para controlar la velocidad se fijan con criterios recaudatorios. Eso sí, desde AEA, piden a la DGT que "tienen que rediseñar el mapa donde deben colocar los puntos fijos de control de velocidad, buscando siempre los puntos negros". Lo que ahora no hace.
¿Qué criterios manejan los técnicos de Tráfico para decidir la instalación de un radar fijo? Los portavoces de la Dirección General de Tráfico insisten en que los radares se colocan en las inmediaciones de lugares potencialmente peligrosos para la circulación, ya sea por un histórico de accidentes previos, por que se detectan grandes velocidades a su paso por la zona y por factores externos (como densa circulación de peatones). ¿Por qué coinciden tan poco los controles de velocidad con los puntos peligrosos? En Tráfico sostienen que esas diferencias vienen obligadas porque el tramo carece de las condiciones necesarias para instalar los aparatos, por problemas de espacio o de ángulos para que las cámaras detectoras puedan captar correctamente los vehículos. En los últimos tiempo hay que añadir que la DGT detectó el robo de algunas cámaras y actos vandálicos contra otras. Por eso se buscan ubicaciones específicas.
Las acusaciones (rectificadas) de Pere Navarro
Tras conocerse los datos del pasado fin de semana, el director general dejó caer que los conductores se habían relajado tras conocerse el descenso espectacular en el número de denuncias por la supuesta huelga de bolis caídos de los agentes. La AUGC pidió a Pere Navarro una rectificación por relacionar "un supuesto aumento de la accidentalidad en la carretera" con "más multas", cuando "multar por el hecho de multar" no beneficia a la seguridad vial.
"Una larga tradición de abuso y discriminación"
Los guardiaciviles denuncian que sufren "una enorme frustración" y desmotivación que inevitablemente influye en su trabajo. Desde la AUGC, su sindicato mayoritario, se afirma que los únicos culpables de la situación son el propio Ministerio del Interior, con la "inestimable ayuda de la cúpula de altos mandos del Cuerpo, en su empeño de continuar con la tradición de abuso y discriminación al colectivo policial que más trabaja y menos cobra".