Al Gobierno se le está empezando a ir de las manos el malestar que sus decisiones están provocando entre los miembros de los Ejércitos, la Guardia Civil y la Policía. De colectivos tradicionalmente dóciles y poco dados a denunciar públicamente sus problemas han pasado en pocos meses a convertirse en gremios combativos que no dejan pasar una a la hora de plantar cara al Ejecutivo y denunciar lo que consideran decisiones arbitrarias.

Menos de una semana después de las manifestación de las Fuerzas de Seguiridad para exigir una equiparación salarial con el resto de las policías autonómicas, militares, Guardia Civil y policías nacionales ya se encuentran trabajando en la creación de una plataforma contra lo que denominan «pensionazo». El detonante de este malestar es la intención del Gobierno de reducir en un 25 por ciento la pensión por incapacidad permanente de los funcionarios que tengan menos de veinte años de servicio, como adelantó ABC.

La intención del Ejecutivo está contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y los afectados no han querido dejar pasar ni un minuto para organizarse y pedir su retirada. Lo anunciaron ayer el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, y el responsable de Comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Manuel del Álamo. A ellos se unirán el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Comisiones Obreras, y, según ha podido saber ABC, otras organizaciones, como las de discapacitados, también afectados.

La plataforma se constituirá el lunes y, a partir de ahí, comenzará a funcionar con carácter reivindicativo, adoptándose «las decisiones que haya que hacer», según señala Casado. El representante de esta asociación militar destaca el hecho de que sea la primera vez que todas estas asociaciones constituyen una plataforma de este tipo y reconoce que, últimamente, se suceden una serie de decisiones negativas que afectan al ámbito militar. En este sentido, alude a la Ley de la Carrera Militar y las «llamadas que estamos recibiendo continuamente y que reflejan una preocupación generalizada.

Casado advierte al Gobierno que se le abre «un nuevo frente de confrontación» y que éste «pensaba que íbamos a guardar silencio. Hay colectivos que parecían que encajaban mejor estos golpes, pero la gente está cambiando y ya no vive de discursos grandilocuentes, sino que necesita el dinero para vivir». En este punto, recuerda que el Gobierno ha incumplido su promesa de no llevar a cabo recortes sociales. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se asegura que, con esta plataforma, se quiere «poner al Gobierno de manifiesto nuestra oposición, nuestro malestar frontal a esta medida que se intenta tomar» y recuerda que los guardias civiles «somos los trabajadores peor pagados» y que «siempre hemos tenido difícil trasladar nuestro malestar a la opinión pública».

Recorte social

El «pensionazo» se introdujo en el proyecto de ley de los Presupuestos por la puerta de atrás, es decir, en la Disposición Adicional Decimotercera, sobre «Pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del Régimen de Clases Pasivas del Estado».

Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, se establece que esas pensiones serán un 25 por ciento más bajas cuando el interesado, en el momento de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente, no tuviera cubiertos veinte años de servicio efectivo al Estado, siempre que la incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio. Pero el recorte social previsto por el Gobierno es aún mayor en caso de que compatibilice esa pensión con otra actividad. Si no llega a los veinte años de servicio, sólo recibirá el 55 por ciento de la pensión.