Carme Chacón, la ministra mejor valorada del Gobierno de Zapatero, pondrá a prueba su buena imagen entre los ciudadanos en los próximos días. Los militares han convocado por primera vez una concentración de protesta en la calle, el próximo 10 de diciembre, y la ministra de Defensa deberá pronunciarse ante esta situación inédita. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han anunciado una concentración para protestar contra el recorte de derechos y de retribuciones que supone, según afirman, el denominado «pensionazo».El secretario general de AUME, Mariano Casado, recordó que la reforma de la ley de Clases Pasivas, incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, aprobados ya en el Congreso, supone un «auténtico» recorte en las prestaciones sociales de los funcionarios y en especial afecta a militares y guardias civiles. Casado señaló que la concentración, que se celebrará ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda, aún no ha sido autorizada. Confió, además, en que la convocatoria no tenga consecuencias para los militares manifestantes, al estar «dentro de la normalidad democrática», según Efe.
El «pensionazo» afecta a las prestaciones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad de los funcionarios, que verán recortadas esas pensiones un 25 por ciento, siempre que no hayan prestado servicio al Estado al menos durante veinte años. Un recorte social que choca con el discurso oficial del presidente del Gobierno. Un ejemplo de lo que proclama el Ejecutivo (en esta caso la vicepresidenta primera) en el Congreso: «Cada semana usted me puede hablar de recortes y cada semana yo le voy a demostrar que los únicos que meten la tijera en las prestaciones sociales son ustedes (el PP) allí donde gobiernan».
En este caso, el recorte es aún mayor en caso de que el afectado compatibilice esa pensión con otra actividad. Si no llega a los veinte años de servicio, sólo recibirá el 55 por ciento de la pensión.
Este recorte tiene especial incidencia en cuerpos de policías, guardias civiles, las Fuerzas Armadas y también entre profesores del cuerpo docente no universitario (donde hay muchas bajas por enfermedades psicológicas que pueden llegar a ser permanente) o entre funcionarios del sistema sanitario.
Respaldo del SUP
AUME y AUGC, que cuentan con el respaldo del sindicato Unificado de Policía (SUP) y CC.OO., piden la retirada de la reforma y esperan que la protesta sirva para hacer reflexionar al Gobierno. Según Casado, existe «gran malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que quienes no puedan seguir desempeñando sus funciones como militares verán pueden ver reducida su pensión en un 25 por ciento».
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que cuenta con más de dos mil socios, lanzó ayer una campaña para trasladar la idea de que los militares son ciudadanos con derechos y que ir de uniforme no impide ejercerlos, según sostiene su secretario general. Y nada mejor que una manifestación inédita para poner en práctica esa idea.