Un guardia civil adscrito al Servicio Fiscal de Vilagarcía negó ayer en la Audiencia de Pontevedra tener algo que ver con el hecho de que se encontraran pequeñas cantidades de cocaína y resina de cannabis en el coche de la ex mujer de un amigo cuando la pareja se encontraba en trámites de separación. Reconoció, eso sí, que fue la persona que informó al puesto de Caldas de Reis y dejó entrever que no quiso practicar el arresto por si se malinterpretase.
También rechazó los cargos el ex marido de la mujer y supuesto inductor de que colocasen la droga en el maletero del coche. Tras precisar que conoce al coimputado «de tomar algún café», explicó que en las conversaciones telefónicas grabadas puede estar hablando de contratar a un detective privado cuando la Fiscalía sospecha que se alude al seguimiento que, supuestamente, realizaron para colocarle la droga.
En este punto, el representante del ministerio público le recordó que era la primera vez que aludía a la posible contratación de un investigador privado, a lo que el acusado manifestó no recordar no haberlo dicho cuando le tomaron declaración judicial. En todo caso, se mostró convencido de que si su compañero de banquillo hubiese sabido que su ex mujer se dedicaba a traficar, se lo hubiera dicho. Durante su intervención de ayer, se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular.
Las acusaciones sostienen que, en fechas anteriores al 10 de marzo del 2005, este último y el agente se pusieron de acuerdo para colocar droga en el coche que utilizaba la víctima para ir al trabajo. De este modo, supuestamente escondieron en el maletero pequeñas cantidades de resina de cannabis y de cocaína. El paso siguiente, según el fiscal, fue dado por el funcionario de la Guardia Civil. Se entrevistó con el mando del puesto de Caldas y le comunicó que una mujer se dedicaba al transporte de estupefacientes. En sucesivas llamadas telefónicas, el guardia civil presuntamente se interesó por el seguimiento del caso e insistió en que se llevase a cabo la intervención policial.
En la noche del 10 de marzo del 2005, el coche fue interceptado y la droga decomisada. Ayer su representante legal reseñó que la mujer estuvo imputada por un delito contra la salud pública durante 525 días, hasta que unas escuchas telefónicas determinaron que los dos acusados compareciesen en la Audiencia de Pontevedra.