Acusan a un guardia civil de colocar droga a la mujer de un amigo durante su separación

Un guardia civil y un amigo suyo se sentarán hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia por una supuesta denuncia falsa. Al primero se le considera el inductor de que el segundo hubiese colocado droga en el coche de su mujer durante su proceso de separación. El fiscal solicitará una multa de 14.400 euros.

Los hechos se remontan a hace tres años cuando Francisco Javier L.C. se encontraba en trámites de separación de su esposa. Antes de marzo de ese año se puso en contacto con el agentes del instituto armado, que estaba adscrito al Servicio Fiscal, «con el fin de imputar a la esposa la comisión de un delito contra la salud pública».

De este modo, Francisco Javier «incitó» a Marcos Antonio G.B. para que pusiese estupefacientes en el interior del vehículo que conducía la víctima. Así, supuestamente, introdujo en el maletero de un Citroën BX «dentro de una bolsa vaquera de playa y envuelta en una colchoneta hinchable (...) 107 gramos de resina de cannabis y 1.500 gramos de cocaína».

El fiscal sostiene que el funcionario se aprovechó de esta condición para personarse en el puesto de Caldas de Reis y poner en conocimiento del suboficial al mando que la mujer «se dedicaba al transporte de sustancias estupefacientes en su vehículo particular, del que proporcionó la marca y modelo, así como sus horarios e itinerarios, y el lugar concreto del automóvil donde se encontraba la droga escondida».

En días posteriores, siempre según lo mantenido por el ministerio público, el agente se interesó por las pesquisas y el seguimiento que se realizaban.

De este modo, en la noche del 10 de marzo del 2005, la Guardia Civil interceptó al Citroën cuando circulaba por la N-640 a su paso por Caldas de Reis. Tras el registro del maletero fue hallada la droga y procedieron al arresto de la conductora.

Tuvo que pasar más de un año antes de que el juzgado de Caldas archivase la causa incoada contra la víctima. Todo parece indicar que la verdad salió a la luz gracias a una investigación del instituto armado que había ordenado en su día la Audiencia Nacional.