Estimados compañeros/as,

 Os adjunto el acuerdo que Gobierno y Sindicatos han firmado sobre la Función Pública para 2010-2012. Que contiene cuatro puntos principales:

- El acuerdo contiene 50 medidas para la mejora de los servicios públicos, la modernización de la administración y la profesionalización de los empleados públicos.

- El Ejecutivo mantendrá el poder adquisitivo de los empleados públicos, cuya retribución subirá el 0,3% en 2010 y será compensada, si fuera necesario, en 2012.

- Se desarrollará el Estatuto Básico del Empleo Público, se elaborará la Ley de la Función Pública y se creará un Observatorio del Empleo Público.

- La tasa de reposición de la Oferta de Empleo Público no superará el 15%  y se concentrará en las plazas de sectores estratégicos y prioritarios.

 Por no ser demasiado “cáusticos”, decir que, ya que no hay demasiados recursos económicos para subidas salariales, se ha tratado de avanzar en el diálogo social hacia mejoras laborales.

Pero en lo que a nosotros compete, estimamos conveniente que entre todos lo analicemos con detalle. Nuestros servicios jurídicos nacionales ya están estudiando y trabajando en las derivaciones que este acuerdo puede tener en nuestra acción y política asociativa.

 Ahora, como mero acercamiento, me permito subrayar algunas líneas de trabajo que creo necesarias que reflexionemos sobre ellas, pues son de plena aplicación, y la Junta Directiva Nacional y los vocales del Consejo, necesitamos también de vosotros, de vuestras aportaciones, en el sentido de la línea de trabajo que nuestra Organización debe seguir:

-      Promoción de la formación continua. Solucionar la ausencia de cotización por formación del profesional del personal funcionario no acogido al Régimen General de Seguridad Social, estableciendo las fórmulas y el calendario para su aplicación.

 -      Medidas que correspondan en el marco de la Responsabilidad Social especialmente las que permitan, por ejemplo para mejorar el “clima laboral”.

 -      El compromiso del Gobierno de crear un grupo de trabajo, con participación sindical, para estudiar la revisión normativa del régimen de clases pasivas.

 -      Quedan al margen de las tasas limitativas que pudieran establecer los Presupuestos Generales del Estado, asegurando las plantillas actuales en base a la total reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 -      Grupo de trabajo con reordenación de los Recursos Humanos, que con posterioridad nos afectan de un modo supletorio, como tiempos de trabajo y racionalización de la jornada laboral, incentivos a la excedencia voluntaria, Riesgos Laborales, etc.

 -      Estudio en el marco de la negociación de los perfiles que deben contener los Catálogos de Puestos de Trabajo.

 Insisto, momento especialmente importante para analizar este acuerdo. La modificación de la Ley del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, continúa su trámite. Según nos trasladó el propio Director General de la Policía y la Guardia Civil, en el próximo Pleno del Consejo se volverá a abordar, aunque sea de forma genérica el borrador del Proyecto de Ley. Una vez nos lo hagan llegar, os enviaremos el último documento actualizado, con las enmiendas de AUGC que se han aceptado.

 Pero esta batalla jurídica continuará en el Congreso de los Diputados, debatiéndose entre la Ley 39/2007, de Carrera Militar y en contraposición, la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público y por supuesto, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (primero toca afianzar la norma, luego lucharemos por cambiar mentalidades y erradicar  prácticas discriminatorias).

 Nuestra postura, ya os la hemos ido trasladando: es claro que el Gobierno no va a avanzar más en esta legislatura, en la “desmilitarización” de la Guardia Civil. Lo que no significa que los guardias civiles no consolidemos los derechos profesionales de los que ya gozan los demás funcionarios públicos. Quizás la lucha entre Carrera Militar y Estatuto Público, sea más aparente que de fondo, siempre que se garantice lo fundamental. Porque es posible que una ley siga insistiendo en que un guardia civil es un “militar de carrera”, o que la toma de posesión del cargo, sea llevada a efecto mediante una “jura de bandera”. De momento no vamos a gastar más energías de las necesarias en dialécticas terminológicas. Pero desde luego, se acabaron las excusas de que no se pueden trasladar los avances que se consiguen en la Administración Pública por aquello de que tenemos un régimen jurídico propio. Porque nadie discute que Guardia Civil tenga unos cometidos especiales; pero además tiene que disfrutar, y así deben ser garantizados, los mismos derechos que cualquier otro servidor público.

 Gracias por vuestra paciencia. Como siempre quedamos a vuestra disposición para las aportaciones que creáis necesario hacernos.

 Alberto Moya

Secretaría General – AUGC.-